CALL FOR APPLICATIONS (in spanish)


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge en su artículo 24.2 que: “Antes del transcurso de seis años a contar desde la fecha de su verificación inicial o desde la de su última acreditación, los títulos universitarios oficiales de Grado y Doctorado, deberán haber renovado su acreditación de acuerdo con el procedimiento y plazos que las Comunidades Autónomas establezcan en relación con las universidades en su ámbito competencial. Asimismo, los títulos de Máster deberán someterse al indicado procedimiento antes del transcurso de cuatro años”. En el artículo 27 bis se establece que la acreditación inicial de los títulos oficiales debe ser renovada periódicamente a partir de la fecha de su verificación por parte del “Consejo de Universidades” o desde la fecha de su última acreditación.

El Real Decreto 534/2013 establece una moratoria de dos años en los plazos establecidos para la renovación de la acreditación. La Orden del 13 de septiembre de 2016, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, establece el plazo para que las Universidades del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco soliciten al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, la renovación de la acreditación de sus títulos oficiales; el plazo será del 1 al 31 de octubre de 2016, asimismo ambos inclusive.

La solicitud correspondiente a cada titulación, junto con toda la documentación preceptiva en formato electrónico, se dirigirá a la Dirección de Universidades del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, presentándose en cualquiera de los registros especificados en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, así como en las dependencias a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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